- La federación de cooperativas insiste en que las reglas europeas, sumadas a una aplicación aún más restrictiva del Gobierno español, son «un duro golpe para toda la cadena de valor de frutas y hortalizas»
- Las cooperativas agroalimentarias recalcan que la nueva norma aporta menos, no más sostenibilidad
La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) reitera, una vez más, «el rechazo unánime» del sector agroalimentario a la aprobación definitiva por parte de la Unión Europea (UE) del Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR, Packaging and Packaging Waste,en sus siglas en inglés).
Tal y como explican desde la federación, y desde Cooperativas Agro-alimentarias de España, esta normativa «incluye disposiciones que suponen un duro golpe para la cadena de valor de frutas y hortalizas, desde los productores hasta los distribuidores». El nuevo reglamento establece la prohibición del uso de envases de plástico de un solo uso para frutas y hortalizas frescas en presentaciones inferiores a 1,5 kg a partir de 2030, así como de pegatinas no compostables.
Normativa discriminatoria
Para Fecoam «esta normativa es muy perjudicial, discriminatoria contra el sector de frutas y hortalizas, y además es poco coherente con otras políticas agrarias, ya que perjudicará las posibilidades de informar correctamente al consumidor y diferenciar nuestros productos en el mercado».
No solo eso, sino que igualmente «frenará el consumo de estos productos, restará garantías de seguridad alimentaria y aumentará el desperdicio alimentario«.
Así, consideran que «los envases de frutas y hortalizas aportan valor y conveniencia al consumidor, previniendo el deterioro de los alimentos e informando al consumidor del origen, características y marcas de los productos, entre otras muchas ventajas».
Entendiendo además que esta limitación de envasado «supondría un perjuicio a la hora de la elección de los productos hortofrutícolas, reduciendo con ello su consumo».
También destacan «el enorme esfuerzo e inversión» realizada por las cooperativas agroalimentarias por minimizar la huella ambiental de su actividad, con una preferencia por el uso de materiales más sostenibles y tendiendo a un modelo de uso circular de envases.
En definitiva, «esta norma aportará menos y no más sostenibilidad”.
Aplicación más restrictiva
A este hecho se suma que, actualmente, en España está vigente el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, que prohíbe no solo a los envases de plástico, sino a cualquier envase, «lo que no se corresponde ni a lo estipulado por la Unión Europea, ni a ningún otro país«, remarcan las cooperativas agrarias. En este sentido, está en trámite la Orden Ministerial por la que se van a definir las excepciones a la regla general de comercialización, desarrollando restricciones propias particulares sobre el envasado.
La federación de cooperativas reclama que se suspendan los trabajos relativos a la adopción de dicha lista, y que no se apliquen reglas en esta materia aún más exigentes que las previstas por la UE.
Tal y como señalan desde Fecoam, se da la circunstancia de que una norma similar promulgada por el Gobierno de Francia ha sido recientemente anulada por su Consejo de Estado, por lo que insisten en que el Gobierno español debe cesar los trabajos en ese sentido.
«Es necesario acabar con la incertidumbre y la preocupación generada en los operadores de la Región de Murcia, de todos los españoles, quienes comercializan sus productos en el conjunto del mercado único». Para las cooperativas murcianas, «España debe centrarse en minimizar el impacto de la legislación europea«.
Inseguridad jurídica
El nuevo reglamento de la UE también permite una implementación desigual en los Estados miembros, generando un panorama regulatorio fragmentado dentro de la Unión. España podría mantener las normas más estrictas ya adoptadas, mientras que las excepciones para productos con riesgo de deterioro serán determinadas individualmente por cada país y no conjuntamente para toda la UE por la Comisión, quien solo publicará una lista de ejemplos.
Como señalan las cooperativas, «esto provocará una discriminación entre operadores y vulneración de la libre circulación de mercancías, sobrecostes e ineficiencias por la necesidad de adaptar la producción a múltiples normativas nacionales, inseguridad jurídica y desigualdad en el mercado único europeo».
Además, esta normativa dificultará el avance de las organizaciones de productores hacia la valorización, la diferenciación, la promoción de los productos de sus socios, que son precisamente los objetivos que han sido el quid de la PAC en el sector de las frutas y hortalizas, durante más de 30 años, a través de la financiación de los programas operativos, reeditados y reforzados en la última reforma.
Tanto para Fecoam como para las Cooperativas Agro-alimentarias de España, «se trata de una normativa, en lo que respecta al sector de las frutas y hortalizas, desarmonizadora e incoherente con las propias políticas de la UE que tienen por objeto la lucha contra el desperdicio alimentario, la promoción del consumo de frutas y hortalizas, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad».
